En recientes pronunciamientos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido un precedente crucial respecto a la situación laboral de los trabajadores interinos en España, enfatizando la necesidad de reconocer su estatus como fijos tras prolongadas duraciones de servicio. Este cambio doctrinal surge como respuesta a la interpretación restrictiva que tradicionalmente se ha dado a la condición de estos trabajadores dentro del ámbito público, donde se les negaba la posibilidad de consolidar su grado personal y, por ende, su posición fija en el puesto de trabajo a pesar de desempeñar funciones permanentes y estructurales.
El TJUE, en su sentencia del 3 de junio de 2021, ha criticado la legislación española por no incluir medidas adecuadas para prevenir y sancionar el abuso en los contratos temporales. La justicia europea apunta que la conversión de estos contratos en fijos constituye una medida apropiada para contrarrestar el uso sucesivo y abusivo de contrataciones temporales. En este sentido, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha rectificado su postura, adaptándose a la doctrina del TJUE, y ha establecido que todo nombramiento de interino o contratación que exceda los tres años debe considerarse abusivo, convirtiendo a estos trabajadores en indefinidos no fijos.
Un caso emblemático que ilustra este cambio de paradigma es el de un trabajador de Radio Televisión Madrid, quien, apoyándose en la resolución del TJUE, fue reconocido como fijo tras haber sido considerado indefinido no fijo por la jurisprudencia nacional previa. Este fallo subraya la primacía del derecho europeo sobre la interpretación nacional e insinúa un futuro donde las reclamaciones por abuso de temporalidad en la función pública puedan ser abordadas con una perspectiva renovada y justa.
Este punto de inflexión en la jurisprudencia no solo redefine el marco legal aplicable a los trabajadores interinos, sino que también implica una reflexión profunda sobre la gestión de los recursos humanos en el sector público. La necesidad de adaptar las políticas de contratación para garantizar la estabilidad laboral y evitar el abuso de la temporalidad es imperativa. Este enfoque no solo beneficia a los trabajadores, asegurando sus derechos y su estabilidad, sino que también contribuye a la eficiencia y efectividad de la administración pública al valorar y retener el talento a largo plazo.
La decisión del TJUE representa un avance significativo hacia la igualdad y la justicia laboral, alineando la legislación española con los principios y valores fundamentales de la Unión Europea. Es un llamado a las autoridades y a la sociedad para revalorizar el trabajo y reconocer la dignidad y los derechos de todos los trabajadores, independientemente de su modalidad de contratación.