Como tendréis ocasión de comprobar (si no lo habéis hecho ya), la mayoría
de mis artículos, surgen de un pensamiento o de una idea, tomada de una
personalidad, que casi nunca pertenece a la esfera jurídica, sino que puede ser un
gobernante, pensador, escritor, artista, etc… El de hoy, nace de una misma idea,
expresada de distinta forma por José Mújica (expresidente de Uruguay), y Joan
Manuel Serrat (uno de nuestros mejores canta autores).
El primero de ellos, en una entrevista que tuve el acierto de escuchar, vino a
decir que, en la vida pública, lo más importante es “la honradez intelectual”,
considerando que no existe mejor lenguaje que “la verdad de lo que las cosas son”.
El segundo, en su célebre canción “Sinceramente tuyo”, dice que “Nunca es triste la
verdad, lo que no tiene es remedio”.
Pues bien, la verdad, en lo que al tema de este artículo se refiere, es que la
“JUSTICIA”, entendida como administración a la que se le confiere la legitimidad o
autoridad para regular la convivencia de la ciudadanía, con las consecuencias que,
para los derechos y libertades de todos los individuos (¿individuas?) que la
componen, conlleva, no interesa, o, dicho de otro modo, tal vez interesa que no
funcione.
Legislar, solo debe tener como fin conseguir de manera objetiva, cabal,
eficaz y conforme a la legalidad, las relaciones surgidas del proceso de
socialización innato al ser humano, cuando en dichas relaciones se produzca una
controversia; por tanto, si la legislación, provoca la consecuencia contraria al
orden, esto es el caos, es un fracaso de quien legisla, o un éxito, si lo que se
persiga es precisamente lo contrario, pero en este caso, estaríamos hablando de un
abuso de poder.
Fíjense en la siguiente paradoja: la democracia se fundamenta entre otros
pilares, en el poder judicial, a quien se le ha dotado de la autoridad y legitimidad,
para ordenar la convivencia pública, porque el ejercicio arbitrario del propio
derecho, lleva al caos, conclusión a la que hemos llegado, superando etapas
históricas que así nos lo han enseñado. Pues bien, el fundamento de la democracia
puede verse en peligro hasta el punto de que se llegue a cuestionar, si la renuncia a
una libertad individual (tomarse la justicia por la propia mano) en beneficio de un
bien común (una justicia ordenada y eficaz) no conlleva el resultado que se ofrece a
cambio de aquella renuncia, sino que además provoca el que se pretende evitar. Y
por fin, llego sin más preámbulos al meollo de este artículo: la nueva Ley 12/2023,
de 24 de mayo, por el derecho a la Vivienda.
Este artículo no pretende hacer un análisis técnico-jurídico de esta norma,
sino compartir la reflexión, por si los lectores comparten la misma opinión, o, por el contrario,
quien lo lea, tiene otro punto de vista. Este texto legal ha provocado que la tramitación y resolución de todos los procesos que se han visto afectados por ella,
se haya convertido en un auténtico “exorcismo jurídico”, pues la recuperación de la
posesión de la vivienda, ya trasciende del control de la administración de justicia,
desde el momento en que se da protagonismo a organismos cuya existencia y
competencia se desconocen.
El propio título del texto legal, “por el Derecho a la Vivienda”, es un sin
sentido, que nos lleva a cuestionarnos a qué derecho se refiere, ¿al del propietario
de la vivienda o al del ocupante? Lo que está claro es que lo primero que debemos
explicarles a los arrendadores, es que tras esta ley, sus “derechos” ya no son tales,
sino que sus viviendas están fuera de su alcance, porque quien ha promulgado esa
ley lo ha hecho con la clara intención de desatender sus responsabilidades
políticas, y que el cumplimiento del derecho a una vivienda digna, que en nuestro
país reconoce la Constitución a todos los ciudadanos, sea responsabilidad de los
propietarios, que en el ejercicio de los derechos que el Código Civil y la LAU le
reconocen, decidan alquilar sus viviendas, a cambio del pago de una renta.
Así, en lugar de revisar sus políticas sociales, mediante una mejor gestión y
redistribución de los recursos humanos, materiales y presupuestarios, que
permitan la construcción de viviendas sociales y la creación de riqueza mediante
una mejor política de empleo, entre otras medidas, el gobierno, a través del poder
legislativo, enmaraña aún más la convivencia entre los justiciables, agravando aún
más, el precario funcionamiento de la administración de justicia. Y esto es triste,
pero es la verdad, aunque en este caso, siento discrepar del maestro Serrat, SÍ
TENDRÍA REMEDIO.
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